El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donal Trump, mantiene entre ceja y ceja la idea de volver a robar territorio a México, pero esta vez el país completo. Al respecto hay en curso dos jugadas paralelas de la Casa Blanca contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien intenta doblegar por cualquier medio para que permita una injerencia militar directa como parte de un plan a más largo plazo de confederar a México a EE.UU. en su intención de controlar el hemisferio occidental.
Las aparentes jugadas son muy específicas: la participación irregular de la comunidad de inteligencia, incluidas la CIA, la DEA y el FBI en los asuntos internos mexicanos, en colusión con la derecha nativa, para la cual el Partido Acción Nacional prestó a su gobernación de Chihuahua para la filtración encubierta de agentes de la CIA en operativos reales antinarcóticos.
Ello en franca violación de las leyes de Seguridad nacional y de la Constitución, que estipula esos tipos de acciones como traición a la patria a favor de una fuerza extranjera y es penado por la justicia hasta con 40 años de prisión.
La otra, también en curso, una acusación formulada el miércoles 29 de abril por una fiscalía ramal del Departamento de Justicia, del Distrito Sur de Nueva York que, violando la ley, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador Enrique Inzunza Cazarez, y al vicefiscal de esa entidad, Dámaso Castro Zaavedra, todos del oficialista partido Morena.
La reacción inmediata del gobierno mexicano fue reclamarle a EE.UU. aclaraciones de la solicitud sin pruebas y la violación de lo normado al hacer pública la petición, mediante el envío al embajador una nota de extrañamiento del jurídico a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de la cual la FGR emitió un comunicado en el cual se compromete a investigar la denuncia aun cuando no presentaron prueba.
Con ello le exigían al demandante que la fundamente legalmente, en regla, y con todo detalle, mientras tanto, las solicitudes de órdenes de aprehensión no serán atendidas.
VERDAD, JUSTICIA Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA
Sheinbaum declaró que, como presidenta de la República, “mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. es político, y bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Sheinbaum aclaró que son varios temas. El primero: frente a una acusación, cualquiera que sea, tiene que haber pruebas contundentes, las cuales no están contenidas en el documento que hicieron público, aunque, de acuerdo con los Tratados Internacionales, tiene que haber una confidencialidad en todo esto; sin embargo, publican el texto.
Cuando decimos “pruebas”, es pruebas, no es nada más un dicho de una persona; tiene que haber pruebas contundentes, conforme a la legislación mexicana. Nuestro Sistema Penal Acusatorio exige pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión. No las hay, puntualizó la mandataria.
Segundo: la irregularidad del documento. Este pliego, explicó, se llama “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”. Un relato largo, sin pruebas, que lo ponen como si él por sí mismo, lo fuera cuando es solo una hoja de papel.
Esto no había ocurrido nunca antes; nunca en la historia una Fiscalía pidió una orden de extradición de un gobernador en funciones, o de un presidente municipal en funciones, o de un senador en funciones. Pero nosotros nos ceñimos a la Ley, a la Constitución, y por los propios Tratados, siempre bajo la legislación mexicana.
Tercero: la Fiscalía tiene que pedir las pruebas, pero hasta hoy solo hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son.
Cuarto: es, además, la defensa de la soberanía de manera muy clara, como lo hemos hecho hasta ahora. Y por supuesto, el Estado de derecho, el cual significa tener pruebas de la responsabilidad de una persona o de otra. Porque, además, en este caso hay una violación a la soberanía por agentes de la CIA en contubernio con autoridades de Chihuahua.
Todo se hará, en ambos hechos, bajo el Estado de derecho, porque no puede ser que, para unas cosas sí, para otras cosas no, pidan su aplicación. El jurídico de Relaciones Exteriores revisó el documento y determinó que “no hay pruebas, pues no soy yo quien tiene que determinarlo, y se lo envío a la Fiscalía General de la República conforme a derecho”.
Todo fue así porque la defensa de la soberanía es un principio que no puede, bajo ningún motivo, negociarse. Y ningún embajador del país que sea no puede tener una actitud injerencista y la actuación del representante de EE.UU. al reproducir lo que dice ese papel sin pruebas, puede reproducirlo públicamente, y lo menos que podemos decir es que fue desafortunado.
En esos casos, según el tratado, si una de las dos naciones recibe una orden de detención válida de la otra, “tomará las medidas necesarias para asegurar la detención”. La nación que solicita la detención dispondría entonces de 60 días para aportar sus pruebas.
CAMPAÑA MEDIÁTICA CONTRA EL GOBIERNO DE SHEINBAUM
La mandataria denunció a los medios de derecha y de EE.UU. los cuales divulgan que “están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared”.
Falso, recalco la mandataria. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía: en el caso Chihuahua, en el caso Sinaloa y en cualquier otro caso.
Esa idea es de la derecha, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, y la han estado difundiendo, denunció.
El gobernador Rocha dejó «temporalmente» el cargo para facilitar a la Fiscalía de México su investigación por presuntos nexos con el cartel de «Los Chapitos», según el papel común enviado por el departamento de Nueva York,
El político mexicano, de 76 años y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) agradeció que la solicitud de licencia por 30 días fuera aprobada por los diputados, quienes acto seguido juramentaron a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora temporal.
«Tengo la conciencia tranquila», dijo en su breve mensaje, e insistió en que las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York son «falsas y dolosas».
Rocha describió las acusaciones como un complot de EE.UU. para atacar a Morena, el partido político de izquierda al que pertenecen tanto él como Sheinbaum. “Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional” de México, dijo en un comunicado.
El analista internacional Juan David Rojas considera en un artículo publicado en el portal Responsible Statecraft (Diplomacia responsable), editado por el Instituto Quincy de EEUU, que la estrategia de seguridad que lleva a cabo el presidente Donald Trump en su relación con México, tiene el potencial de provocar una grave crisis política, económica y social, y lo relaciona con los temas expuestos.
«Muertes de la CIA en México: ¿Está Trump jugando con fuego?», tituló el artículo en el cual advirtió que, «por el bien de ambos países», Trump y quienes lo apoyan harían bien en «aprender de sus fallos en Irán» y «evitar una catástrofe aún peor más cerca».
Rojas tomó de ejemplo la incursión ilegal de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en el estado mexicano de Chihuahua, y que solo se descubrió debido a que los policías infiltrados murieron después en un accidente, episodio que, según él, es evidencia de que «Trump está jugando un juego peligroso en México», ya que pone sobre la mesa «la inquietantemente realista posibilidad» de que funcionarios de inteligencia estadounidenses sean víctimas de los cárteles, lo que a su vez desembocaría en mayores presiones para que EE.UU. ejerza algún tipo de acción militar en el país vecino.
En ese contexto, el analista puso en perspectiva las declaraciones de diversos voceros republicanos, como Tom Cotton y Lindsey Graham, que «han estado salivando» ante la posibilidad de que militares de EE.UU. actúen en México. Pero no son los únicos.
TRUMP DICE QUE EE.UU. ¨ES LA ÚNICA ESPERANZA¨ DE MÉXICO
La excongresista Marjorie Taylor Greene, otra voz desde el partido republicano, ya declaró que atacar a los cárteles mexicanos implicaría un uso «más inteligente» de las fuerzas armadas que la guerra con Irán.
El especialista consideró que esta visión «es profundamente errónea» porque, a pesar de que, en comparación con la guerra de Irán, bombardear a México sería «menos relevante» para la economía global, los efectos adversos para los estadounidenses serían «mucho peores».
Los dos temas están en desarrollo y el gobierno de la IV Transformación y sus órganos de inteligencia y seguridad no les quitan el pie de encima porque todo hace pensar en una gran conspiración no hechos personales ni aislados, que puede poner en riesgo el orden institucional en México en un contexto en el que Donald Trump está desbaratando la institucionalidad en el vecino país del norte y, además, ha hecho papel mojado el derecho internacional y el orden político mundial, y es capaz de hacer cualquier barbaridad por perpetrarse en el poder.