Una propuesta al Programa de Gobierno de Cuba

El Programa de Gobierno de Cuba, presentado por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, abarca un amplio número de tareas que el país requiere acometer para superar la multicrisis económica, política y social que sufre actualmente el pueblo cubano.

Las acciones y medidas incluidas en el Programa deben ser asumidas, en los que les compete, no solamente por el Consejo de Ministros, sino también por los Organismos de la Administración Central del Estado, los Órganos Locales del Poder Popular, las organizaciones de masas y sociales, las empresas estatales y no estatales, las unidades presupuestas, En definitiva, por todos los trabajadores y ciudadanos de la nación.

En este empeño no puede olvidarse el criminal bloqueo recrudecido que el Gobierno de los Estados Unidos tiene implantado contra Cuba por más de 60 años, cuyas consecuencias constituyen el principal obstáculo que enfrenta nuestro desarrollo económico y social.

En general estoy de acuerdo con la mayoría de las consideraciones y medidas que el Programa plantea y deben acometerse para, a pesar del bloqueo, avanzar en la construcción del socialismo con el objetivo de elevar el nivel de vida material y espiritual de nuestro pueblo, garantizar la independencia y soberanía nacionales, la integridad territorial, la justicia social, la solidaridad internacional antiimperialista, la paz y la protección del medio ambiente.

No obstante, tengo una propuesta cuya oportunidad de formularla me la da el Objetivo General No. 6, Objetivo Específico No. 6.8, que plantea textualmente:

“Elaborar propuesta a presentar al 9no Congreso del PCC sobre el Sistema de Dirección Económico y Social”. Estoy muy de acuerdo con esta tarea. Este Sistema sería el marco estratégico en el que se deben basar las medidas que se adopten para garantizar que el rumbo estratégico trazado sea el correcto y se logren alcanzar los objetivos inscritos. Sin ese contexto se reducen las posibilidades de éxito de los objetivos del Programa.

PROPUESTA A PRESENTAR AL IX CONGRESO DEL PCC

A continuación, expongo la propuesta que considero debe tenerse en cuenta en la elaboración de la parte económica del Sistema de Dirección a presentar al IX Congreso del PCC.

Propongo sustituir el obsoleto sistema vigente de planificación económica centralizada de asignación de recursos materiales y financieros, heredado de las desaparecidas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el Consejo de ayuda Mutua Económica (CAME), que ya no se corresponde con el momento histórico actual, y establecer el mercado con sus categorías y leyes objetivas como regulador de la economía, tanto estatal como no estatal.

Cuba ingresó al CAME en 1972, lo que trajo como consecuencia un favorable incremento de las relaciones económicas de nuestro país con las URSS y los países socialistas europeos. Al ingresar al CAME Cuba tuvo que aplicar la metodología en dirección y planificación de la economía utilizada en ese organismo internacional al que se había incorporado.

La característica principal de aquel sistema consistía en que a partir de la coordinación de planes quinquenales y anuales establecida por los órganos de planificación de los países miembros y aprobada por los respectivos gobiernos, los organismos cubanos de la Administración Central del Estado y los órganos locales del Poder Popular recibían del gobierno central las cifras directivas que les correspondían y las distribuían entre sus empresas subordinadas administrativamente, según las características de cada una de ellas.

De esta forma, los órganos superiores a las empresas les determinaban a éstas los clientes y los suministradores, fijando las principales cifras de producción y consumo de manera individual, así como sus precios. En general, este sistema funcionaba exitosamente para Cuba sobre la base de que casi toda la economía se basaba en empresas estatales y estaba respaldada por el entonces existente campo socialista. En aquella época, solo el 15% de nuestro comercio exterior se llevaba a cabo con países capitalistas.

APROBACIÓN DEL NUEVO SISTEMA

La aprobación del nuevo sistema tuvo lugar en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en diciembre de 1975 y después de un intenso trabajo preparatorio se comenzó a poner en práctica en enero de 1977.

La nueva metodología de planificación incluía tres tipos de indicadores económicos: directivos; no directivos; y autónomos.

Los indicadores directivos eran emitidos a las empresas y unidades presupuestadas con carácter obligatorio. Sumaban 287, de los cuales 17 eran aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular; 61, por el Consejo de Ministros; 73 por la Junta Central de Planificación; y 136 por los distintos organismos de la Administración Central del Estado y los Órganos del Poder Popular. Los indicadores no directivos eran propuestos por las empresas pero tenían que ser aprobados por su organismo superior. Los indicadores autónomos no requerían aprobación superior y eran decididos por la propia empresa.

La inmensa mayoría de los indicadores planificados se incluían entre los indicadores directivos y no directivos, sobre los cuales la empresa no tenía poder de decisión final. Entre estos indicadores se destacan los que se refieren a la asignación de recursos materiales y financieros a las empresas que determinan los niveles de producción. Eran muy pocos los indicadores autónomos. Éstos se reducían a las producciones marginales que las empresas pueden desarrollar a partir de materiales de desecho de su producción.

PIRÁMIDE INVERTIDA DE DECISIONES

En esta pirámide invertida de decisiones reside uno de los principales elementos que limitan objetivamente la autonomía económico-operativa de las empresas y el carácter democrático de la planificación.

El instrumento principal para la adopción de las decisiones centralizadas de los indicadores directivos y no directivos son los balances materiales. En estos balances se cuantifican sus dos partes: las Fuentes o recursos disponibles y los Destinos o distribución de los recursos. Las Fuentes están constituidas por la importación, la producción y la reducción de inventarios. Los Destinos, por la exportación, el consumo y el aumento de inventarios. Los balances materiales pueden ser de medios de producción o de medios de consumo y, atendiendo a su apertura: agregados o desagregados; al período que abarcan, pueden ser anuales, quinquenales, a largo plazo, etcétera.

Para llevar a cabo todo este esquema de balances materiales estaban designados los “organismos balancistas” con sus listados de productos balanceados centralmente por cada uno de ellos. En 1977 se confeccionaban y aplicaban 1282 balances materiales, distribuidos en 238 la Junta Central de Planificación; 547 el Comité Estatal de Abastecimiento Técnico Material; 304 el Ministerio del Comercio Interior; y 193 los demás organismos centrales.

En las decisiones centralizadas de estos organismos balancistas, dentro del marco del proceso de coordinación de planes realizado en el CAME, descansaba la mayor parte del comportamiento de la economía nacional. En este sistema a las empresas prácticamente no les quedaba autonomía alguna en su gestión empresarial y solo podían esforzarse por cumplir, con la mayor eficiencia posible, lo ya decidido por los organismos administrativos superiores.

Este Sistema, al que se han introducido algunas modificaciones, es el que prevalece actualmente en el país.

SISTEMA ECONÓMICO CUBANO MUY DIFERENTE

Pero la situación de la economía cubana hoy es muy distinta a la de entonces.

Hoy ya no existe el CAME, la URSS ni el campo socialista europeo. Ahora en Cuba hay una heterogeneidad de formas de propiedad y de administración sobre los medios de producción, dando lugar a empresas estatales; empresas mixtas; cooperativas; MIPYMES estatales y privadas; y Trabajadores Por Cuenta Propia.

Este entramado empresarial tiene que enfrentarse a un mundo exterior donde priman las relaciones de mercado incluso en países socialistas como China y Vietnam. En este ambiente, los múltiples vínculos empresariales necesitan rapidez en la toma de decisiones autónomas que no pueden esperar por las indicaciones y autorizaciones de niveles administrativos jerárquicamente superiores.

Solo las leyes objetivas del mercado y sus categorías económicas y monetario-mercantiles pueden ofrecer un ámbito facilitador de esas relaciones inter-empresariales donde las decisiones en la gestión se tomen por las propias empresas, tanto estatales como no estatales, las cuales puedan definir, ellas mismas, quiénes son sus clientes y suministradores en el territorio nacional y en el extranjero, estableciendo con ellos las cifras de producción y suministro, así como los precios, para fijarlas en contratos mutuamente beneficiosos, sin la imposición de uno de los contratantes ni la interferencia de terceros.

Se trata de sustituir las relaciones verticales existentes hoy en la planificación económica centralizada por relaciones horizontales de la gestión entre las empresas. Para ello es preciso que el Estado establezca determinadas condiciones y requisitos en el desenvolvimiento de la economía cubana para que el mercado sustituya la planificación centralizada de asignación de recursos, creando un ambiente institucional y normativo adecuado para que las empresas y los trabajadores estén estimulados en producir bienes y prestar servicios de calidad y con eficiencia, así como introducir en su gestión innovaciones con estos fines, dejando a las empresas plena libertad y autonomía en su gestión.

Considero que el sistema de planificación centralizada de asignación de recursos que se aplica en el país, heredado de la URSS y el CAME, se ha convertido en la traba principal para el desenvolvimiento de la economía cubana y debe ser abandonado. En su lugar, mi propuesta consiste en establecer la plena libertad de las empresas en su gestión según las categorías y leyes objetivas del mercado.

Este objetivo debe lograrse mediante la creación de un cronograma integral de medidas ordenadas en su relación de antecedentes y consecuentes, aplicado en un proceso paulatino. El Estado utilizaría una planificación centralizada de otro tipo de la actual para encaminar el desarrollo estratégico de la economía y para evitar las desviaciones del mercado que afecten a la población, sobre todo a los ciudadanos vulnerables.

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