La historia más reciente de Perú, merecedora del Record Güines, ha estado marcada por la gran cantidad de ocupantes del sillón ejecutivo en el Palacio de Pizarro en la última década, y uno de ellos, en particular, se convirtió en el jefe de Estado más enjuiciado en el mundo, entre otros delitos, por «crímenes de lesa humanidad»: Alberto Fujimori Fujimori.
Sucesivas crisis políticas creadas precisamente por el mandatario de turno, a partir de actos de corrupción, violaciones de la Constitución, y otros delitos, alteraron el ciclo de dos períodos presidenciales de cinco años, y así lo que debió ser el mandato de dos presidentes se convirtió en el de ocho.
En 2016 fue electo Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el cargo en 2018, tras acusaciones por el presunto delito de lavado de activos, vinculado con la empresa Odebrecht de Brasil, para quien la fiscalía pidió 35 años de prisión.
Martin Vizcarra (2018-2020), asumió el poder en reemplazo de Kuczynski, pues por línea presidencial lo correspondía, al ser el vicepresidente. Poco antes de cumplir los dos años fue destituido, a través de una moción de vacancia por incapacidad moral y cohecho, cuando era gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014.
Manuel Merino (10 al 15 de noviembre 2020), entonces titular del Congreso ocupó la presidencia, al no haber otro vicepresidente, según establece la Constitución peruana, pero sólo permaneció unos días en el Palacio de Gobierno al renunciar, tras protestas en Lima, la capital, y otras partes del país que dejaron dos muertos y unos 100 heridos.
Entre noviembre 2020-julio 2021, gobernó Francisco Sagasti quien había sido nombrado presidente del legislativo, en lugar de Merino, quien completó el mandato de cinco años de Kuczynki, en un periodo de transición.
Las elecciones generales en 2021 dieron el triunfo al maestro Pedro Castillo, vencedor en el balotaje frente a la candidata Keiko Fujimori. El 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó disolver el Congreso tras serias discrepancias con el Legislativo, que no aprobaba sus proyectos, y dijo que gobernaría mediante decretos ley. El órgano legislativo lo destituyó a través de una moción de vacancia por incapacidad moral, fue detenido y actualmente se encuentra preso y sentenciado en primera instancia por el delito de «conspiración para una rebelión». Castillo siempre rechazó todas las acusaciones en su contra y las consideró una persecución política, lo que repitió varias veces públicamente durante el juicio en su contra.
A continuación, vendría Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, quien, asumió la presidencia, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en el país andino. La represión desatada durante manifestaciones contra su gobierno, que causaron la muerte de decenas de personas, llevó a la fiscalía a investigar a Boluarte por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones. El 10 de octubre de 2025 fue destituida por «incapacidad moral», y denuncias sobre creciente inseguridad ciudadana.
Con menos de 40 años, José Jerí, entonces titular del parlamento, asumió el cargo de presidente de la República en reemplazo de Boluarte. Pero su mandato fue efímero, pues solo duró cuatro meses y ocho días en el cargo, ante denuncias de conversaciones secretas con un empresario chino. Jerí enfrentó una segunda investigación relacionada con la contratación irregular de varias mujeres durante su mandato, algunas de cuyas negociaciones de realizaron en horario nocturno o en días festivos, lo que generó aún más inquietud sobre la transparencia de su gobierno. Las contratadas fueron descritas como «jóvenes e inexpertas», quienes ocuparon puestos en su administración.
En febrero de 2026 ocupó la presidencia José Maria Balcázar en reemplazo de Jerí, también en su calidad de presidente del Congreso, cuyo mandato cesará, tras las elecciones en abril de este mismo año, cuando sea electo el noveno mandatario peruano de la última década, culminando así el periodo presidencial de cinco años que inició Pedro Castillo.
FUJIMORI, EL PEOR DE TODOS
Resulta muy difícil hablar de ese personaje en pocas líneas. El fallecimiento, el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años de edad, del expresidente Alberto Kenya Fujimori Fujimori, dio un final obligado al largo sumario seguido al exmandatario peruano, por numerosos delitos, incluidos crímenes calificados de «lesa humanidad». quien llegó al poder en 1990, iniciando en el país sudamericano lo que se conoció entonces como «la era de los niseis», vocablo nipón que señala a los japoneses nacidos en segunda generación fuera de Japón. Fujimori ocupó la presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000, en dos mandatos, al frente del movimiento «Cambio 90», creado por él. A sólo dos años de asumir la presidencia, afloraron una serie de acusaciones en su contra, calificándolo de «autócrata», después de que utilizara tanques militares para cerrar el Congreso, y ocupar las sedes judiciales, acción conocida como el «Fujishock«, autogolpe que contó con apoyo del ejército causando la llamada crisis constitucional de 1992. También recibió numerosas críticas por haber reformado la Constitución a su conveniencia para poder postularse a las elecciones de 2000.
Se plantea que los «crímenes de lesa-humanidad» del fujimorismo, aún siguen sin castigo: entre ellos, la violenta esterilización forzosa de más de 300 mil mujeres y 22 mil varones, a través de ligaduras de trompas y vasectomías, casi siempre a féminas indígenas y pobres, a partir del programa de Austeridad y Planificación Familiar aplicado por Fujimori en 1991. Igualmente enfrentaba acciones judiciales por actos de violencia relacionados con la represión estatal y graves violaciones a los derechos humanos, como fueron la masacre de los Barrios Altos, en diciembre de 1991, cuando fueron asesinadas 15 personas y en julio de 1992 fueron ultimados nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), acciones también llevadas a cabo por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que funcionó durante aquellos años como un equipo paramilitar; también fue sentado en el banquillo de los acusados por casos de apropiación de fondos; violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha. Su muerte el 11 de septiembre de 2024, eliminó toda posibilidad de que el «nisei mayor» respondiera por todos sus delitos. En opinión de analistas, el recuerdo que se tendrá de Fujimori será el del «líder que acabó con el terrorismo y el desgobierno económico», pero también el de «aquel que robó y asesinó, cuya vida política estuvo marcada, de principio a fin, por la deshonestidad y la ilegalidad».
ELECCIONES 2026
Al momento de redactar estas líneas, tenían lugar en Perú las elecciones generales de abril 2026, en las que Keiko Fujimori se mantiene como favorita, en su cuarto intento por alcanzar la presidencia, luego de ser derrotada en segunda vuelta en tres balotajes anteriores (2011, 2016 y 2021). Pero, ¿quién es Keiko Fujimori?. Hija mayor del expresidente de origen japonés mantiene una firme defensa de la figura de su padre lo que, al parecer, le ha pasado la cuenta en sus anteriores contiendas electorales, pues esa herencia fujimorista sigue teniendo un fuerte rechazo de un amplio sector de la sociedad peruana que no olvida el historial de crímenes y violaciones de los derechos humanos en la década de los 90 del pasado siglo. Keiko llega a estos comicios con un amplio expediente judicial, entre otros cargos, por procesos legales vinculados al famoso caso Cócteles por presuntos aportes irregulares de la constructora Odebrecht a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Estas investigaciones derivaron en tres periodos de prisión preventiva con un total de 16 meses en la cárcel, según señala el periodista Alejandro Ribadeneira, del periódico digital ecuatoriano Primicias.
¿VOLVERÁ LA ERA DE LOS NIKKEI O GANARÁ LA IZQUIERDA?
En un conteo de votos prolongado más allá de la jornada electoral del domingo 12 de abril, se produjo un giro inesperado, cuando el candidato izquierdista Roberto Sánchez, pasó del sexto puesto al segundo, desplazando al tercer lugar al ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), ganando así, un sitio en la segunda vuelta contra Keiko, en el primer puesto con el 17%, cuando se habían contado el 91,7%, de los votos, y Sánchez con el 12,1%, poco más de 30.000 votos que López Aliaga, quien denunció un posible fraude. Habrá que esperar entonces al balotaje del 7 de junio, para conocer a quien se convertirá en el noveno ocupante del Palacio de Pizarro, en los últimos diez años. Hasta entonces una pregunta flotará en el aire: ¿Volverá la era de los derechistas Nikkei o «Hijos del Sol», o ganará la izquierda peruana?
Por lo pronto, Sánchez, ganador del voto rural, respondió a López Aliaga: «Claro, como se trata del movimiento popular y las zonas altoandinas, tiene que ser un fraude. Que muestren las evidencias. Ningún voto vale más que otro, señor López Aliaga. Apenas haya un indicio de atentar contra la democracia y el voto ciudadano, llamaremos a la movilización. El voto del Perú profundo se va a respetar».